Responsabilidad civil y reclamación de daños

La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño causado a otra persona, normalmente mediante una indemnización económica. Puede ser contractual, cuando el daño nace del incumplimiento de un contrato (artículo 1101 del Código Civil), o extracontractual, cuando se produce sin relación previa entre las partes, por una acción u omisión culposa o negligente (artículo 1902). Hay también supuestos de responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, como los daños causados por animales, por productos defectuosos o por vehículos a motor.

La responsabilidad penal, en cambio, tiene una finalidad distinta: castigar la comisión de un delito con una pena (prisión, multa, inhabilitación). Se exige una prueba más rigurosa, la culpabilidad debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable y la acción la ejerce el Ministerio Fiscal o la acusación particular. Un mismo hecho puede dar lugar a ambas: quien comete un delito que causa daños responde penalmente y, además, civilmente (artículo 109 del Código Penal), de modo que la indemnización se reclama normalmente en el propio proceso penal, salvo que se reserve para un juicio civil.

En la práctica, la mayoría de las reclamaciones por daños se tramitan en vía civil, y muchas se resuelven por acuerdo con la aseguradora del responsable. Que el proceso penal termine con una absolución no impide, en muchos casos, reclamar después en vía civil, pero conviene decidirlo con asesoramiento para no perder derechos.

Con carácter general, un año. En los accidentes de circulación, la acción para reclamar prescribe al año (Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004), contado desde la curación de las lesiones o desde la determinación de las secuelas, es decir, desde que se conoce definitivamente el alcance del daño. Para los daños materiales, como el vehículo, el plazo se cuenta desde el accidente. Fuera del tráfico, la responsabilidad extracontractual del Código Civil también prescribe al año desde que el perjudicado pudo reclamar (artículo 1968), y la contractual, a los cinco años.

El plazo puede interrumpirse, y es lo que se hace en la práctica, mediante una reclamación extrajudicial fehaciente a la aseguradora o al responsable (por ejemplo, con burofax). Cada reclamación válida reinicia el cómputo del año. Si hay un proceso penal, la interrupción se produce por otras vías. Por eso es importante documentar siempre las reclamaciones y no esperar al último momento.

Si has sufrido un accidente, lo recomendable es acudir cuanto antes al médico, guardar toda la documentación (parte amistoso, atestado, informes médicos, partes de baja) y consultar con un abogado, aunque creas que tienes tiempo. Dejar pasar el año sin interrumpirlo puede suponer perder el derecho a cobrar.

El baremo es el sistema legal de valoración de los daños personales causados en accidentes de circulación, reformado por la Ley 35/2015. Su finalidad es que los perjudicados reciban una indemnización objetiva y previsible, según unas tablas. Se aplica a muerte, lesiones permanentes (secuelas) y lesiones temporales, y sus importes se actualizan cada año.

El cálculo combina varios elementos. En las lesiones permanentes se asigna una puntuación a cada secuela según su gravedad (de 1 a 100) y se aplica un valor del punto que depende de esa puntuación total y de la edad de la víctima; a ello se suman perjuicios particulares (por ejemplo, el perjuicio estético, la pérdida de calidad de vida o el perjuicio moral por pérdida de un familiar) y los daños patrimoniales (gastos médicos y de asistencia, adaptación de vivienda y vehículo, y lucro cesante por pérdida de ingresos). En las lesiones temporales se indemniza cada día de baja según su gravedad (perjuicio básico, moderado, grave o muy grave), más los perjuicios particulares que correspondan.

Lo decisivo es el informe médico-pericial: quién valora las lesiones, con qué criterios y con qué documentación. Muchas ofertas de las aseguradoras se quedan cortas por no reconocer todas las secuelas, o por aplicar mal el baremo. Para las lesiones leves de cuello (esguinces cervicales), la ley exige además acreditar el nexo entre el accidente y la lesión con criterios médicos específicos.

Sí, siempre que se pueda demostrar que la caída se debió a la negligencia de otra persona o entidad y que hay un daño. En un comercio, bar o restaurante, el titular del establecimiento responde (artículo 1902 del Código Civil) si el suelo estaba mojado sin señalizar, hay obstáculos, desperfectos o falta de mantenimiento, y la reclamación suele dirigirse contra su seguro de responsabilidad civil. En la vía pública, cuando la causa es un bache, una baldosa rota o una obra mal señalizada, se reclama al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial de la Administración (Ley 40/2015), con un plazo de un año.

La clave es la prueba. Conviene hacer fotografías del lugar y de la causa de la caída, identificar a testigos, pedir que se levante un parte o se llame a la policía, acudir de inmediato al médico y guardar los informes y los justificantes de los gastos. Se valora también la conducta de la víctima: si la zona estaba señalizada, si caminaba con atención o si el obstáculo era evidente, puede reducirse la indemnización por concurrencia de culpas o incluso excluirse.

No toda caída genera derecho a indemnización: la ley no responsabiliza por el simple resultado dañoso, sino por una falta de diligencia. Por eso es importante estudiar el caso desde el principio, antes de que desaparezcan las pruebas.

Con carácter general, responden los padres o tutores. El artículo 1903 del Código Civil establece que los padres responden de los daños causados por los hijos menores que se encuentren bajo su guarda, y los tutores, por los de los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad. Se les puede exonerar si prueban que actuaron con toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, algo que los tribunales exigen con rigor.

Si el daño se produce en un colegio o en una actividad escolar o extraescolar, el titular del centro docente responde por los daños causados por los alumnos menores durante esas actividades, salvo que acredite que empleó toda la diligencia debida. Y si un menor de entre catorce y diecisiete años comete un hecho delictivo, la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor prevé que sus padres, tutores o guardadores respondan solidariamente con él de los daños.

Muchas pólizas de seguro del hogar incluyen una cobertura de responsabilidad civil familiar que paga estos daños, hasta un límite, por lo que conviene revisar la póliza y comunicar el siniestro cuanto antes. Los hijos mayores de edad, en cambio, responden por sus propios actos, aunque convivan con los padres.

El dueño o poseedor del animal responde de los daños que cause, incluso si se escapa o se extravía, porque el artículo 1905 del Código Civil establece una responsabilidad prácticamente objetiva: solo se exonera si el daño se debió a fuerza mayor o a la culpa del propio perjudicado (por ejemplo, si provocó al animal). No hace falta demostrar que el dueño fue negligente. La responsabilidad alcanza también a quien se sirve del animal o lo tiene a su cuidado en ese momento.

Para reclamar, conviene acudir de inmediato al médico y obtener un informe de las lesiones, identificar al dueño y al perro, comprobar si tiene seguro de responsabilidad civil, denunciar los hechos para que consten y comunicar el incidente al Ayuntamiento, que puede iniciar un procedimiento administrativo con medidas de control del animal. Si se trata de un perro potencialmente peligroso, la ley exige licencia y un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima, lo que facilita el cobro.

La indemnización incluye los gastos médicos, los días de baja, las secuelas (por ejemplo, cicatrices o daño estético) y el daño moral. El plazo para reclamar es de un año desde que se conoce el alcance del daño, así que conviene interrumpir la prescripción con una reclamación escrita. Si el responsable no tiene seguro, se reclama directamente a su patrimonio.

Sí. El artículo 1101 del Código Civil establece que quienes incumplen sus obligaciones contractuales por dolo, negligencia o morosidad quedan sujetos a indemnizar los daños y perjuicios causados. Para prosperar hay que acreditar tres cosas: que existe un incumplimiento imputable al deudor (no cumplir, cumplir mal o con retraso), que se ha producido un daño real y cuantificable, y que hay una relación de causalidad entre ambos.

La indemnización comprende el daño emergente (lo que se ha perdido o gastado) y el lucro cesante (lo que se ha dejado de ganar), conforme al artículo 1106. Si el contrato contiene una cláusula penal, ésta fija normalmente la indemnización por adelantado, aunque los tribunales pueden moderarla si es excesiva. También se puede optar por exigir el cumplimiento o por resolver el contrato (artículo 1124), con indemnización en ambos casos.

La acción prescribe, con carácter general, a los cinco años. Antes de demandar conviene reunir el contrato, las comunicaciones, los justificantes de los pagos y las pruebas del daño, enviar un requerimiento fehaciente y, desde 2025, acreditar un intento de negociación o mediación previa con las excepciones que prevé la ley. Un buen estudio preliminar permite valorar si el daño compensa los costes de reclamar.

Los daños morales son los que afectan a los bienes inmateriales de la persona: el sufrimiento físico y psíquico, la angustia, la pérdida de calidad de vida, el daño a la dignidad, al honor o a la intimidad, o el dolor por la pérdida de un ser querido. No tienen un precio de mercado, pero son plenamente indemnizables y los tribunales los reconocen cuando se acreditan.

En los accidentes de tráfico se valoran dentro del baremo, a través de conceptos como el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, el perjuicio por pérdida de un familiar o el perjuicio estético. Fuera del tráfico no existe un baremo obligatorio, y el juez fija el importe de forma prudente en función de las circunstancias del caso. Con frecuencia se toma el baremo de tráfico como referencia orientativa, aunque no vincula.

Para obtener una indemnización adecuada hay que probar el daño con informes médicos y psicológicos, partes de baja, tratamientos, testimonios y cualquier documento que acredite el impacto en la vida cotidiana. En el incumplimiento contractual, el daño moral solo se reconoce en casos excepcionales. En las intromisiones ilegítimas en el honor y la intimidad (Ley Orgánica 1/1982), el daño moral se presume una vez acreditada la intromisión y se valora por la difusión, la gravedad y el beneficio obtenido por el causante.

No necesariamente. La gran mayoría de las reclamaciones se resuelven por acuerdo extrajudicial, y ese es el objetivo inicial. Se presenta la reclamación con la documentación que acredita el hecho, las lesiones y los gastos, la aseguradora estudia el caso y puede hacer una oferta. Si la oferta es justa, se acepta y se firma el finiquito; si no lo es, se negocia o se rechaza.

En los accidentes de tráfico, la ley obliga al asegurador a contestar con una oferta motivada o con una respuesta motivada en un plazo determinado (con carácter general, tres meses desde la reclamación), y le impone intereses de demora si se retrasa sin causa justificada (artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro). Esto da cierta fuerza a la negociación.

Si no hay acuerdo, o la oferta es insuficiente, hay que acudir a los tribunales mediante una demanda civil. Antes de demandar se debe, con carácter general, acreditar un intento de solución negociada (los llamados medios adecuados de solución de controversias), con algunas excepciones. Conviene firmar un finiquito solo con asesoramiento, porque suele implicar renunciar a cualquier reclamación posterior, y aceptar una cantidad menor puede ser irreversible.

El proceso suele seguir estas fases. Primero se documenta el siniestro: parte amistoso o atestado, fotografías, datos de los implicados y testigos, y partes de baja e informes médicos. En segundo lugar se comunica el siniestro a las aseguradoras implicadas, y se hace una reclamación formal, con un escrito que identifica los daños y los importes reclamados, que además interrumpe la prescripción.

En tercer lugar, se espera hasta la estabilización de las lesiones, la curación o la fijación de las secuelas, y se elabora un informe pericial médico y, si hay perjuicios económicos, un informe económico. Con esa documentación se cuantifica la indemnización con el baremo (en tráfico) o con los criterios generales de valoración.

La aseguradora responde con una oferta o con una negativa motivada. Se negocia, y si se llega a un acuerdo se firma y se cobra. Si no, se presenta la demanda ante el juzgado de primera instancia, en la que se puede demandar directamente a la aseguradora (acción directa, artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro y normativa de tráfico) además al responsable. El proceso judicial incluye la prueba pericial, la vista y la sentencia, con posibilidad de recurso. Los plazos varían mucho según el juzgado, por lo que lo ideal es agotar primero la vía extrajudicial cuando hay posibilidades razonables.

Es la que exigen los clientes o terceros a un profesional (médico, abogado, arquitecto, ingeniero, asesor fiscal, notario, agente inmobiliario, etc.) por los daños causados por una actuación contraria a las reglas de la profesión (la llamada lex artis). En general, el profesional asume una obligación de medios, no de resultado: no responde por no conseguir el resultado deseado, sino por no haber empleado la diligencia, los conocimientos y las técnicas adecuados. Hay excepciones en las que sí hay obligación de resultado, como ciertas intervenciones sin finalidad curativa.

Para reclamar hay que probar la actuación negligente, el daño y la relación de causalidad, normalmente con un informe pericial de otro profesional de la misma especialidad. En la medicina, son muy importantes la historia clínica y el consentimiento informado; en la construcción, la Ley de Ordenación de la Edificación establece plazos de garantía (diez años para los daños estructurales, tres para los de habitabilidad y uno para los acabados) y reparte la responsabilidad entre promotor, constructor y técnicos.

Muchos profesionales están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil, lo que facilita el cobro de la indemnización. Si has sufrido un daño por una mala práctica profesional, el primer paso es reunir toda la documentación y hacer una valoración técnica previa. Y si eres tú el profesional reclamado, comunica de inmediato el siniestro a tu aseguradora.

Sí. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) establece un régimen de responsabilidad por productos defectuosos que no exige probar la culpa del fabricante: basta con demostrar el defecto, el daño y la relación entre ambos. Un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar, atendidas todas las circunstancias, como su presentación, su uso razonablemente previsible y el momento de su puesta en circulación.

El régimen cubre los daños personales (muerte y lesiones) y los daños a bienes de uso privado, con una franquicia de 500 euros en los daños materiales. Responde el fabricante o el importador en la Unión Europea y, si no se les identifica, el proveedor, en determinados supuestos. La acción prescribe a los tres años desde que se sufre el perjuicio, y la responsabilidad se extingue a los diez años desde que se puso en circulación el producto concreto.

Conviene conservar el producto, el envase, las instrucciones y la factura, hacer fotografías, obtener informes médicos y, si es posible, un informe técnico que acredite el defecto. La Unión Europea ha aprobado una nueva directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos, que amplía el régimen a los programas informáticos, y que debe ser incorporada al ordenamiento español, por lo que es conveniente comprobar la normativa vigente en el momento de reclamar.

El lucro cesante es la ganancia que el perjudicado ha dejado de obtener como consecuencia del daño. Junto con el daño emergente (lo que se ha perdido o gastado), forma parte de la indemnización por daños y perjuicios (artículo 1106 del Código Civil). Ejemplos: los ingresos que un autónomo no ha cobrado durante su baja por un accidente, los beneficios que una empresa deja de obtener por un incumplimiento contractual o los alquileres perdidos por un inmueble dañado.

Los tribunales exigen que se pruebe con una certeza razonable, no basta con la mera posibilidad o con unos sueños de ganancia. Hay que demostrar que, de no haber ocurrido el hecho dañoso, la ganancia se habría producido con probabilidad suficiente, y cuantificarla. Se suele acreditar con la contabilidad, las nóminas, las declaraciones de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, los contratos y pedidos perdidos, los ingresos de periodos comparables y, cuando es complejo, un informe pericial de un economista.

En los accidentes de tráfico, el baremo recoge el lucro cesante como un perjuicio patrimonial de las víctimas con pérdida de ingresos, que se calcula a partir de los ingresos netos acreditados. En los autónomos y las pymes, conviene recopilar la documentación contable cuanto antes y no esperar a que se pierda. Un lucro cesante bien documentado puede suponer la mayor parte de la indemnización.

Lo primero, no ignorar la demanda: los plazos para contestar son cortos y, si no se hace, se puede dictar una sentencia en rebeldía. En un juicio ordinario, el plazo para contestar es, con carácter general, de veinte días hábiles desde el emplazamiento; en un juicio verbal, de diez. Debes acudir cuanto antes a un abogado y a un procurador, y llevarles toda la documentación recibida.

El segundo paso es avisar a tu aseguradora de responsabilidad civil, si tienes (de hogar, de profesional, de empresa o de vehículo). La póliza suele obligarte a comunicar el siniestro en un plazo breve, y la compañía suele asumir la dirección jurídica y los costes de la defensa, además de pagar la indemnización dentro de los límites de la cobertura. Si no la avisas a tiempo, podrías perder esa protección. Si tienes un seguro de defensa jurídica, normalmente puedes elegir libremente a tu abogado.

Después se estudia la defensa: si hay prescripción, falta de legitimación, ausencia de culpa o de nexo causal, concurrencia de culpa de la víctima, exageración del daño o errores en su valoración. También se evalúa la conveniencia de llegar a un acuerdo, de allanarse parcialmente o de consignar una cantidad para evitar intereses. Un buen análisis inicial, con pruebas y periciales, marca el resultado del procedimiento.

Depende de la complejidad del caso, de la cuantía y de si es necesario ir a juicio. Los honorarios se pactan por escrito, en una hoja de encargo, antes de empezar. Pueden ser una cantidad fija por fases, una tarifa por horas, o un sistema mixto con una parte variable ligada al resultado, siempre dentro de los límites que fija el Código Deontológico de la Abogacía. Antes de empezar te explicaremos con claridad qué incluyen los honorarios y qué gastos adicionales son previsibles.

Además de los honorarios hay otros costes que conviene tener en cuenta: el procurador (obligatorio en la mayoría de los procesos), los informes periciales médicos o económicos, las posibles tasas judiciales (las personas físicas están exentas) y, si se pierde el pleito, el riesgo de condena en costas, que en general se impone a la parte que pierde. Si la reclamación prospera, las costas se reclaman a la parte contraria, de modo que parte del coste puede recuperarse.

Merece la pena revisar si tienes un seguro de defensa jurídica en el hogar, en el coche o en otra póliza: cubre los gastos del abogado y del procurador hasta un límite, y la ley te permite elegir libremente a tu abogado. También existe la justicia gratuita para quienes cumplen los requisitos económicos. En la primera consulta estudiamos las posibilidades reales del caso para que decidas con información.