Derecho concursal y segunda oportunidad

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020, reformado por la Ley 16/2022), al que puede acudir cualquier deudor, persona física o jurídica, que se encuentre en situación de insolvencia: no puede cumplir de forma regular sus obligaciones exigibles (insolvencia actual) o prevé que no podrá hacerlo (insolvencia inminente). Lo tramita un juzgado mercantil y tiene dos objetivos: pagar a los acreedores con arreglo a un orden legal y, cuando es posible, conservar la actividad del deudor mediante un convenio o un plan.

Puede solicitarlo el propio deudor (concurso voluntario) o un acreedor (concurso necesario). Con la declaración del concurso, y con carácter general, se paralizan las ejecuciones y los embargos individuales, se nombra, si procede, una administración concursal, se fijan la lista de acreedores y el inventario de bienes y el procedimiento termina con un convenio o con la liquidación del patrimonio. Para las microempresas y los autónomos existe un procedimiento especial más sencillo.

Conviene no retrasarlo: el deudor que se halla en insolvencia actual tiene el deber de solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que lo conoció o debió conocerlo. Retrasarlo puede derivar en un concurso culpable, con consecuencias personales para los administradores de una sociedad y con la pérdida de la posibilidad de exonerar deudas para una persona física.

La Ley de Segunda Oportunidad es el nombre popular del mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho (artículos 486 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Concursal). Permite a una persona física, sea o no empresaria o autónoma, que no puede pagar sus deudas cancelar total o parcialmente las que no pueda satisfacer, para empezar de nuevo sin arrastrar una deuda que no podrá pagar jamás. No está prevista para las sociedades, que siguen su propio camino (reestructuración, concurso y liquidación).

Para acogerse hay que estar en situación de insolvencia y ser un deudor de buena fe, lo que la ley define con requisitos concretos: por ejemplo, no haber sido condenado por sentencia firme por determinados delitos (patrimoniales, socioeconómicos, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o contra los derechos de los trabajadores) en los diez años anteriores, no haber sido sancionado por infracciones muy graves tributarias, de Seguridad Social o de orden social, que el concurso no se califique como culpable y haber colaborado con el juzgado y con la administración concursal.

Hay dos vías: exoneración con plan de pagos, sin liquidar previamente el patrimonio, o exoneración tras la liquidación de la masa activa. La primera permite, en general, conservar la vivienda habitual y los activos empresariales. Se puede volver a solicitar, pero solo transcurridos dos años desde la exoneración definitiva con plan de pagos o cinco años desde una exoneración con liquidación.

No todas, pero sí la gran mayoría. La ley extiende la exoneración a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo una lista cerrada de excepciones (artículo 489), que veremos en la siguiente pregunta. Dentro de las deudas exonerables, la forma de cancelarlas depende de la vía elegida.

Con el plan de pagos, el deudor destina durante un periodo (con carácter general, tres años, ampliable hasta cinco en determinados casos) todos sus ingresos que excedan del mínimo inembargable a pagar las deudas, y al finalizar obtiene la exoneración definitiva del resto. Con la liquidación de la masa activa, se venden los bienes embargables del deudor para pagar a los acreedores y, una vez concluido el concurso, se exonera lo que quede pendiente de pago. En ambos casos la exoneración es primero provisional y después definitiva.

Conviene saber que la exoneración puede revocarse si más adelante se descubre que el deudor ocultó bienes o ingresos, o si incumple el plan de pagos. Por eso es fundamental ser transparente desde el principio y declarar todo el patrimonio y todas las deudas.

El artículo 489 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece las excepciones. No se pueden exonerar, entre otras, las deudas por alimentos, las deudas por responsabilidad civil derivada de delito, las derivadas de responsabilidad civil extracontractual por muerte o lesiones, las deudas por los salarios de los últimos días de trabajo efectivo y los créditos contra la masa, es decir, los gastos del propio procedimiento. Los acreedores de estas deudas mantienen sus acciones contra el deudor tras el concurso.

Los créditos de Derecho público (Hacienda y Seguridad Social) son un caso aparte: no se exoneran con carácter general, pero la ley admite que se cancelen hasta un límite (en esencia, 10.000 euros: se exoneran íntegramente los primeros 5.000 euros y el 50 % del resto hasta ese tope), y esta regla ha sido objeto de interpretaciones y de pronunciamientos judiciales recientes, por lo que conviene analizar cada caso. En las deudas con garantía real (hipotecas, prendas), la deuda no se exonera hasta el valor de la garantía.

Que una deuda no sea exonerable no significa que el deudor no pueda beneficiarse del mecanismo: en la vía del plan de pagos puede incluirse el pago de esas deudas dentro del plan, con un calendario que el juez aprueba. Lo importante es conocer desde el principio qué deudas pesan más y qué solución tiene cada una.

El coste depende de la complejidad del caso, del tipo de deudor y de la vía elegida, por lo que no existe una tarifa única. Los conceptos principales son los honorarios del abogado y del procurador, que se pactan por escrito antes de empezar, y la remuneración de la administración concursal, cuando es necesaria, que la fija el juzgado conforme al arancel y que se reduce en los concursos pequeños. En un concurso con bienes, los costes del procedimiento se pagan con el patrimonio del deudor antes que a la mayoría de los acreedores.

Hay procedimientos especialmente pensados para abaratar el proceso. El procedimiento especial para microempresas y autónomos es más sencillo y no siempre exige administrador concursal, y el concurso sin masa, cuando el deudor no tiene bienes ni para pagar los gastos del procedimiento, se tramita de forma más ágil. Estas vías permiten, además, solicitar la exoneración de deudas dentro del mismo procedimiento.

En el estudio inicial conviene que te expliquemos con claridad qué incluyen los honorarios, cuáles son los gastos adicionales previsibles y cómo se pagan. Desconfía de las ofertas de cancelación de deudas con precios cerrados que no distinguen entre tipos de deuda ni entre vías procesales.

Depende del tipo de concurso, de la carga de trabajo del juzgado y de si hay oposición de los acreedores. Como orden de magnitud, un concurso sin masa o un procedimiento especial de microempresa, que son más sencillos, pueden resolverse en unos meses. Un concurso ordinario con bienes que se liquidan o con un convenio que negociar suele prolongarse más de un año, y los casos complejos de empresas pueden durar bastante más.

En la segunda oportunidad hay que sumar el plazo de la vía elegida. Con exoneración tras la liquidación, el deudor obtiene la exoneración cuando concluye la liquidación. Con plan de pagos, el calendario del plan es habitualmente de tres años, ampliable a cinco en ciertos supuestos, y la exoneración definitiva llega al cumplirse. Durante el plan, el deudor puede seguir con su vida y su trabajo, pero debe cumplirlo.

Los plazos se acortan cuando el expediente se presenta completo y bien documentado (inventario, lista de acreedores, ingresos y gastos), y se alargan con requerimientos, incidentes de oposición o recursos. Por eso la preparación previa del caso es tan importante.

Depende de la vía y de las circunstancias. En la exoneración tras la liquidación, los bienes embargables forman parte de la masa activa y pueden venderse para pagar a los acreedores, incluida la vivienda, que además suele estar hipotecada: el acreedor hipotecario tiene un privilegio especial y cobra con el valor del inmueble. En cambio, en la exoneración con plan de pagos, el deudor puede conservar, en general, su vivienda habitual y sus activos empresariales a cambio de destinar sus ingresos a pagar las deudas durante el plan.

Hay bienes que la ley considera inembargables y que no se pierden: el mobiliario y los enseres básicos, y los instrumentos necesarios para ejercer la profesión u oficio. Un vehículo puede conservarse si se acredita que es imprescindible para trabajar, y en el plan de pagos se valora de forma similar. Cada caso se estudia con el valor del bien, la deuda que lo grava y su necesidad para el deudor.

Conviene saber que, en los concursos sin masa o que concluyen por insuficiencia de bienes, la exoneración se solicita por la vía de la liquidación, de modo que no siempre se puede elegir. Por eso es útil estudiar la estrategia antes de presentar la solicitud: las decisiones que se toman en esa fase condicionan después qué bienes se conservan.

La diferencia principal es el objetivo final. La persona física responde de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro (artículo 1911 del Código Civil), y el concurso le permite acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho: cancelar las deudas que no puede pagar y empezar de nuevo. La sociedad, en cambio, no accede a la exoneración: si el concurso termina en liquidación, se vende su patrimonio, se pagan las deudas hasta donde alcance y la sociedad se extingue y se cancela en el Registro Mercantil.

Hay otras diferencias importantes. En una sociedad entran en juego los administradores, que pueden responder personalmente si el concurso se califica como culpable o si incumplieron el deber de solicitarlo a tiempo, y la posibilidad de salvar la empresa mediante un convenio o un plan de reestructuración. En la persona física, además de los bienes propios, hay que tener en cuenta el régimen económico matrimonial y las deudas que se contrajeron con el cónyuge.

Para los autónomos y las microempresas (menos de diez trabajadores y determinados límites de facturación y deuda) existe un procedimiento especial, con una vía de continuación y otra de liquidación, que es obligatorio cuando se cumplen sus requisitos y que permite también a la persona física solicitar la exoneración dentro del mismo procedimiento.

Es una solución preventiva, anterior al concurso, para empresas y empresarios que tienen problemas pero aún pueden salvarse. Tras la reforma de 2022 (Ley 16/2022, que traspone una directiva europea), los antiguos acuerdos de refinanciación se han sustituido por los planes de reestructuración, regulados en el Libro Segundo del Texto Refundido de la Ley Concursal. Pueden utilizarse cuando existe probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual.

Un plan de reestructuración modifica la composición del activo, del pasivo o del capital de la empresa: aplazamientos, quitas, conversión de deuda en capital, nuevas financiaciones o venta de unidades productivas. Se negocia con los acreedores, se vota por clases y, si obtiene las mayorías exigidas, puede homologarse judicialmente, lo que permite extender sus efectos incluso a acreedores que no estén de acuerdo, dentro de los límites legales.

La comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones tiene efectos protectores: durante un periodo inicial (hasta tres meses, con posibilidades de ampliación) se limitan las ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad, y se suspende el deber de solicitar el concurso. Es una herramienta muy útil si se utiliza a tiempo, cuando todavía hay margen para negociar.

Lo primero es separar las deudas por tipos: con bancos, proveedores, Hacienda, Seguridad Social, hipotecas y avales. A partir de ahí hay varias opciones, que pueden combinarse. La más sencilla es negociar: aplazamientos y fraccionamientos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, refinanciaciones con los bancos o acuerdos de pago con proveedores. Si el negocio es viable pero está al límite, puede valorarse un plan de reestructuración.

Si la situación es insostenible, hay vías judiciales. Si el autónomo tiene menos de diez trabajadores y cumple los límites de facturación y de deuda, debe acudir al procedimiento especial para microempresas, bien con un plan de continuación para salvar la actividad, bien con un plan de liquidación. Si ya ha cesado en la actividad y no tiene bienes, puede acudir a un concurso sin masa. En todos los casos puede solicitar la exoneración de deudas como persona física, con las limitaciones que la ley establece para las deudas de Derecho público.

Lo que no conviene es esperar: recuerda que la ley impone el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a conocer la insolvencia actual, y que cuanto antes se actúe más opciones hay. Un análisis completo de ingresos, gastos, bienes y deudas es el primer paso para elegir la salida.

Depende de qué se haya hecho y de cómo se valore. La ley excluye del acceso a la exoneración al deudor que no sea de buena fe y, entre las circunstancias que se tienen en cuenta, está haber proporcionado información falsa o engañosa, o haberse comportado de forma temeraria o negligente, al contraer el endeudamiento. Un ejemplo sería falsear los ingresos o la documentación para que el banco concediera el préstamo. En esos casos, los acreedores pueden oponerse y el juez puede denegar la exoneración, al menos de esa deuda.

No toda inexactitud tiene el mismo peso. El juez examina la conducta concreta, su gravedad y su relación con la deuda: no es lo mismo una omisión irrelevante que una manipulación de la documentación para obtener la financiación. Además, mentir durante el propio procedimiento (por ejemplo, ocultando bienes o ingresos) puede acarrear la pérdida de la exoneración, la calificación del concurso como culpable e incluso responsabilidades penales.

Si hay algo así en tu historial, lo más importante es decírselo a tu abogado desde el principio, con toda la documentación, para que valore el riesgo real, la estrategia y, en su caso, qué deudas pueden verse afectadas. La transparencia es siempre mejor que esperar a que lo alegue un acreedor.

La exoneración de deudas protege al deudor, pero no a quienes garantizaron la deuda. Con carácter general, la exoneración no afecta a los derechos de los acreedores frente a los obligados solidarios, los fiadores y los avalistas: el banco puede reclamar la deuda exonerada a la persona que la avaló. Por eso, antes de acudir al concurso, es esencial identificar qué deudas están avaladas y por quién, porque el problema puede trasladarse a familiares o amigos.

En esa situación hay varias opciones. Se puede negociar con el acreedor antes de presentar el concurso, para liberar al avalista o ajustar la deuda. Se puede estudiar si conviene pagar de forma voluntaria las deudas avaladas dentro del plan de pagos. Y se puede valorar que el propio avalista, si es una persona física y está en insolvencia, solicite a su vez la exoneración de sus deudas.

También hay que tener en cuenta el régimen económico matrimonial y las deudas en las que el cónyuge o la pareja intervienen como deudores solidarios o avalistas. Un análisis previo de todas las garantías personales y reales evita sorpresas desagradables a las personas que más quieres.

La declaración de concurso supone, con carácter general, que los acreedores no pueden iniciar ni continuar ejecuciones individuales contra el patrimonio del deudor, de modo que los embargos de cuentas y bienes quedan en suspenso mientras el concurso se tramita. Además, la ley protege los ingresos básicos: la parte de la nómina equivalente al salario mínimo interprofesional es inembargable, y los embargos de la parte superior se rigen por la escala del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En la vía de la exoneración con plan de pagos, el deudor debe destinar a pagar las deudas todos los ingresos que excedan del mínimo inembargable, durante el plazo del plan, de modo que se garantiza un nivel de vida básico pero el resto se dedica a pagar. En la vía de la liquidación, la parte embargable de los ingresos puede formar parte de la masa activa mientras dure el procedimiento. Las deudas no exonerables, como los alimentos, pueden seguir reclamándose.

El efecto práctico depende de cada caso, así que conviene informar al empleador y a los acreedores a través del procedimiento, y revisar con el abogado cuánto se ingresa, cuánto se debe y qué embargos están ya trabados, para pedir el alzamiento de los que corresponda.

Sí, en la práctica es imprescindible. La exoneración del pasivo insatisfecho se solicita dentro de un procedimiento concursal ante el juzgado mercantil, y en esos trámites el deudor debe actuar representado por procurador y asistido por abogado. Incluso el procedimiento especial para microempresas, que se ha diseñado para ser más ágil y económico, garantiza la intervención de ambos profesionales.

Más allá de la obligación legal, hay razones técnicas para contar con un abogado especializado. Hay que decidir la vía (plan de pagos o liquidación), valorar si se cumplen los requisitos de buena fe, preparar el inventario de bienes, la lista de acreedores y el plan de pagos, defender la solicitud frente a posibles oposiciones de los acreedores (a menudo, los bancos o las administraciones públicas) y vigilar los plazos y los requisitos posteriores, cuyo incumplimiento puede acarrear la revocación del beneficio.

Un error en la fase inicial (omitir una deuda, no declarar un bien, elegir mal la vía) puede costar la exoneración o retrasarla meses. Por eso recomendamos hacer un estudio previo completo antes de presentar nada ante el juzgado.

La ley no te lo prohíbe, y las deudas exoneradas dejan de ser exigibles. Tras la exoneración puedes solicitar de nuevo cuentas, tarjetas o préstamos, pero en la práctica las entidades serán prudentes. Es habitual que los bancos tarden en financiarte, que empieces con importes pequeños o con garantías y que debas reconstruir un historial de pagos puntuales.

Hay varios factores que influyen. La resolución que concede la exoneración se publica en el Registro Público Concursal durante un plazo limitado y con acceso restringido a quienes acreditan un interés legítimo, y una vez cumplido conviene solicitar la baja de esos datos. Las deudas exoneradas también deben cancelarse en los ficheros de solvencia patrimonial como ASNEF, y es importante comprobar que así se ha hecho y reclamarlo si no. La Central de Información de Riesgos del Banco de España no es un fichero de morosos, pero las entidades la consultan, y las deudas canceladas deben reflejarse correctamente.

Los consejos prácticos son dos: no volver a endeudarse por encima de lo que se puede pagar y pagar con puntualidad lo nuevo, y vigilar que se limpie tu historial. Recuerda además que una nueva exoneración, si fuera necesaria, solo es posible tras dos o cinco años, según la vía que se utilizó antes.